Las trabajadoras del servicio de limpieza de centros educativos e instalaciones municipales, que actualmente tiene adjudicado la empresa Limasa, han denunciado que el Ayuntamiento ha aprobado un nuevo pliego de condiciones, que regirá la próxima adjudicación, que rebaja en un 40% tanto el presupuesto como las horas de limpieza, lo que podría suponer el despido de más de la mitad de la plantilla de limpiadoras y afectaría negativamente a la calidad del servicio que se presta en lugares como los centros escolares.
Las representantes sindicales de las 32 trabajadoras de Limasa temen que con este nuevo pliego de condiciones, que rebaja de 800.000 euros a 600.000€ el presupuesto para la contrata, así como también reduce los servicios que debe prestar la adjudicataria, casi la mitad de la plantilla pueda ser despedida ya que, según indicaba Conchi Verdú, de CC.OO, “sea cual sea la empresa que se adjudique el servicio no le salen las cuentas” puesto que una reducción en el número de horas de limpieza lleva aparejada una reducción de personal.
María Jesús Canicio y Patricia Pernot, enlaces de UGT, señalaban además que se trata de un “colectivo muy vulnerable” debido a quen en su mayoría, son mujeres viudas o separadas con hijos a su cargo “que dependen exclusivamente de este trabajo para sacar sus familias adelante”. Por otra parte tampoco ven viable la posibilidad de una reducción de jornada, tanto por el sueldo, que en estos momentos ronda los 800 euros, como por la imposibilidad de compatibilizarlo con otro puesto de trabajo, dado que los horarios en el servicio de limpieza no son fijos.
Ante esta situación la plantilla de la contrata del servicio de limpieza de instalaciones municipales, que debería ser subrogada por la empresa que resulte adjudicataria, sea la actual Limasa o cualquier otra, ha solicitado una nueva reunión con los responsables políticos para intentar modificar las condiciones del pliego o bien, como indicaba Miguel Ángel Mira, de Comisiones Obreras, plantear que el Ayuntamiento internalice el servicio y asuma la plantilla porque “corremos el riesgo de que, con licitaciones a la baja, las empresas finalmente no puedan prestar el servicio y seremos los ciudadanos, y en este caso nuestros hijos que van a centros educativos, los que paguemos las consecuencias”.