Con los votos del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición a muchas de ellas el pleno aprobaba en sus sesión ordinaria de febrero un incremento medio del tres por ciento en once tasas por diferentes servicios municipales con el objetivo, según el responsable económico, Ricardo Moreno, de reducir en los posible los “importantes déficits que presentan los servicios” que presta el Ayuntamiento.
La sesión plenaria, que se prolongó por espacio de siete horas, comenzó con la toma de posesión de Maribel Becerra, nueva concejala de Unión, Progreso y Democracia, que se incorpora al equipo de gobierno y asume la delegación de Recursos Humanos.
El pleno, que aprobó la enmienda presentada por Compromís a la convocatoria de subvenciones para las asociaciones sociosanitarias, así como las retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la corporación municipal y desestimó las alegaciones presentadas al catálogo de puestos de trabajo, plantilla y presupuesto municipal, centró buena parte de su debate en la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de once tasas, entre ellas las referidas a la tenencia de animales peligrosos, los cajeros automáticos en la vía pública, la ocupación de terrenos con mercancías y materiales de construcción, la bonificación del Impuesto de Construcciones, la tasa por otorgamiento de licencias, recogida de vehículos por la grúa, las relativas al mercado, cementerio, taxis, matrimonios civiles, ocupación de vía pública por kioskos y por utilización de instalaciones deportivas, entre otras.
En este caso el concejal de Gestión Económica, Ricardo Moreno, defendió el incremento medio del tres por ciento en las tasas que, según afirmó, se traduce en “aumentos que van desde los 30 céntimos a un euro” en su mayoría, en la necesidad de cumplir con lo establecido en el Plan de Ajuste aprobado en 2015 para la correcta financiación de los servicios, de forma que los déficits que éstos presentan, que asciende a 1,8 millones de euros, “no tengan que ser cubiertos por los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, sino por aquellos que hacen uso de determinados servicios”. Moreno reiteró que se trata de ir ajustando los precios a la realidad y matizó que el equipo de gobierno también trabaja para “fomentar la implantación de nuevas empresas y la creación de puestos de puestos de trabajo” con la bonificación del Impuesto de Construcciones y las tasas por licencia de apertura de nuevos establecimientos y por expedición de documentos administrativos.
La portavoz de Guanyar Novelda, Maje Agües, que recordó que su grupo no aprobó el Plan de Ajuste, defendió su voto en contra a esta modificación al alza por considerar que la subida del tres por ciento se suma a la del 9% que las tasas sufrieron hace poco más de un año, al tiempo que acusaba al concejal de Hacienda de aplicar una “política del miedo” al referirse continuamente a la deuda que el Ayuntamiento mantiene con proveedores y entidades financieras.
Según la portavoz de Compromís per Novelda, Silvia Anna, que acusó al equipo de gobierno de no ser transparente en la información que transmite al ciudadano, el incremento del 3% hace que las tasas hayan subido un doce por ciento en los últimos quince meses, una medida que “no ayuda ni contribuye a fomentar el empleo” y sí a “poner trabas al desarrollo de la ciudad”.
Para Fran Martínez, portavoz del Grupo Socialista, mientras que las bonificaciones en el ICIO y en la tasa por licencia de apertura de establecimientos son “insuficientes y discriminatorias en algunos casos”, el aumento en las tasas demuestra que el equipo de gobierno está alejado de la realidad y de la percepción que tienen los ciudadanos, que se traduce en que “cada vez pagamos más y recibimos menos”.
El portavoz popular, José Rafael Sáez, argumentó su voto favorable a la modificación al alza en que “no se trata de un incremento desmesurado” y en la necesidad de ser “coherentes” con el Plan de Ajuste, mientras que el alcalde, Armando Esteve, cerró el debate señalando “nuestra política es hacer lo que nos comprometemos a hacer y pone en nuestros programas”.
En la misma sesión plenaria también se debatieron varias propuestas de resolución presentadas por los grupos de la oposición, como la relativa a la declaración de los servicios sociales como servicios esenciales, presentada por el grupo socialista, que fue rechazada por el equipo de gobierno, o la de Compromís, también rechazada, en la que se solicitaba que la Diputación informara sobre las inversiones a realizar en diferentes municipios anualmente.