El grupo municipal del Partido Popular ha calificado de “atropello a la ciudadanía” la subida del 98% que en 2024 va a registrar la tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos, un incremento que el portavoz popular, David Beltrá, ha asegurado “debería haberse hecho de forma gradual y progresiva” durante los dos últimos años para evitar el impacto “brutal” que esta modificación al alza va a tener en ciudadanos, comercios, negocios e industrias.
Ante la subida de la tasa de basura, que prácticamente doblará su importe, el portavoz del Grupo Popular ha acusado al equipo de gobierno del Partido Socialista de haber “mentido” a la ciudadanía ocultando, por “motivos electorales, una subida que sabían que se tenía que producir” porque el servicio es deficitario en más de un millón de euros.
David Beltrá ha recriminado al gobierno municipal que considere a la Diputación Provincial, gestora del Consorcio de Residuos del Baix Vinalopó, como responsable en parte de esta subida, por el canon que Novelda tiene que abonar por el depósito de sus residuos, que se sitúa en algo más de 506.000 euros. En este caso desde el ejecutivo local se planteaba, como forma de rebajar el coste del servicio, la posibilidad de que el Consorcio destinara parte de los más de siete millones de superávit que registra a minorar las aportaciones que los municipios consorciados deben realizar por tonelada de residuos depositada en planta, una posibilidad que desde la entidad gestora se rechazó y que el portavoz popular, que recordaba los siete millones de euros en subvenciones que Novelda ha recibido de Diputación durante los últimos cuatro años, defendía porque “el Consorcio presta un servicio que el Ayuntamiento ya sabía que tiene que pagar”.
En la misma línea desde el Grupo Popular se aborda otro de los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno para defender la necesidad de incrementar la tasa: la que hace referencia a la obligatoriedad de cumplir, a partir del 1 de enero de 2024, con las reglas fiscales, cuya aplicación ha estado suspendida durante los últimos cuatro años y que impiden destinar superávit a otra cosa que no sea amortizar deuda y realizar inversiones y, por tanto, impide que el Ayuntamiento pueda seguir asumiendo con fondos propios el déficit que presenta el servicio.
En este sentido el portavoz popular asegura que la recuperación de la vigencia de las reglas fiscales era algo que el gobierno municipal ya sabía, al igual que, subrayaba, también era conocedor de que había que pagar a Generalitat el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos.
