El Ayuntamiento de Novelda presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que estima parcialmente el recurso presentado por ABANCA y condena al consistorio noveldense a pagar 4.811.942 euros a la entidad financiera que concedió el préstamo a la mercantil CSAD para la construcción de las instalaciones del Centro Deportivo Salud Agua de Novelda, unas instalaciones que cerraron sus puertas en 2010, apenas dos años después de su inauguración.
El concejal de Hacienda, Iván Ñíguez, ha calificado de “nefasta para los intereses de Novelda” la sentencia de TSJCV que estima parcialmente el recurso planteado por ABANCA contra el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Alicante que, en junio de 2021, fallaba a favor del consistorio noveldense al declarar la inadmisibilidad del recurso presentado por la firma bancaria coruñesa contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Novelda que en 2018, además de aprobar la liquidación del contrato con la mercantil CSAD Novelda S.L., consideraba que tampoco procedía indemnización alguna a favor de la misma, al estimar que el Ayuntamiento era ajeno a la relación existente entre la entidad financiera y la empresa concesionaria.
Tras informar de la situación a los miembros de la Junta de Portavoces, que se han mostrado unánimes en recurrir el fallo judicial ante el Tribunal Supremo, el responsable de Hacienda ha señalado que la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana “contiene errores materiales y da como hechos probados cuestiones que no han ocurrido”.
En este sentido Ñíguez se declaraba “consternado” ante una sentencia que “no hace justicia al considerar que debemos pagar una importantísima suma de dinero a Abanca, cuando Abanca no fue la concesionaria del servicio, tampoco se subrogó en la posición del concesionario cuando la mercantil CSAD se declaró el concurso de acreedores y siempre ha estado fuera de este procedimiento”. Para el concejal de Hacienda la única participación de la entidad financiera en este asunto fue “poner el dinero para construir este centro deportivo y elegir mal a su cliente”, por lo que sigue defendiendo que los “ciudadanos de Novelda no tienen porqué pagar los desmanes que se producían durante el boom de la burbuja inmobiliaria, cuando los bancos prestaban dinero a aquellos que no debían”.
El concejal de Hacienda se ha mostrado confiado en la unanimidad mostrada por la Junta de Portavoces, porque “la unidad nos hará ganar fuerza” en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una “sentencia injusta que nos obligaría a pagar una deuda que no contrajo este Ayuntamiento” y se declaraba convencido de la posibilidad de “remontar esta situación con la fuerza de los argumentos jurídicos”.
Largo proceso
La solicitud de revisión de la sentencia y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo es un paso más en un largo proceso de resolución de un conflicto que se inició en 2010 cuando el Centro de Salud Agua Deportivo de Novelda (CSAD) cerró sus puertas apenas dos años después de su inauguración debido a su baja rentabilidad.
Cinco años antes, en 2005, la mercantil CSAD se había adjudicado la construcción de unas instalaciones deportivas, cuyo proyecto incluía piscinas cubiertas y exteriores, así como gimnasio, pistas de pádel, tenis y polideportivas, que se levantaron sobre una parcela de 11.000 metros cuadrados de titularidad municipal, a cambio de la explotación del recinto por un periodo de treinta años y un canon de 900.000 euros que ingresó al Ayuntamiento.
Asimismo el pliego de condiciones que rigió la adjudicación contemplaba que el Ayuntamiento, una vez finalizada la totalidad de las instalaciones, abonaría a la adjudicataria 80.000 euros anuales por la reserva de uso para asociaciones y colectivos de la totalidad de las mismas en determinadas franjas horarias.
Sería en 2008 cuando la concesionaria abriría las instalaciones interiores del recinto y, apenas dos años después, decide su cierre por falta de rentabilidad, al no alcanzar el mínimo de 1.300 usuarios mensuales que, según se contemplaba en los pliegos, darían viabilidad al proyecto.
Tras el cierre de las instalaciones la mercantil CSAD entra en concurso de acreedores y, tras un largo periodo bajo tutela de un administrador concursal, en 2016 un juzgado de Valencia declara la conclusión del concurso de acreedores, por inexistencia de bienes y, por tanto, la extinción de la mercantil.
Durante los años de cierre las instalaciones fueron saqueadas y vandalizadas y el Ayuntamiento no pudo actuar sobre las mismas hasta que en 2018, tras dos años de gestiones, el inmueble del Centro Salud Agua Deportivo pasó a ser propiedad municipal tras la resolución del contrato de concesión, la incautación del aval de 234.342 euros depositado como garantía por la mercantil y la firma del acta de recepción del inmueble.
Es precisamente contra el acuerdo de resolución del contrato adoptado en pleno contra lo que la entidad financiera acreedora Abanca presentó recurso por entender que es el Ayuntamiento, ahora titular de las instalaciones, el deudor del préstamo que en su día otorgó a la concesionaria de la construcción, gestión y explotación del centro deportivo, una máxima que negaba la defensa del consistorio al considerar que la mercantil acreedora lo era sobre la concesión, no sobre el inmueble y que, además, no es parte del contrato de concesión.
Apertura progresiva
A pesar de este revés judicial que, en palabras del responsable de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno “nos duele más porque, después de doce años empezábamos a ver la luz al final del túnel”, el gobierno municipal se propone seguir trabajando en la reapertura, al menos, de las pistas exteriores del complejo deportivo.
En este caso Iván Ñíguez aseguraba “habrá que replantearse las opciones y posibilidades” iniciales y la apertura de las piscinas cubiertas tendrá que esperar ya, aseguraba, “con esta losa que tenemos encima” que podría obligar al Ayuntamiento a pagar casi cinco millones de euros “no podemos arriesgarnos, por responsabilidad y por la viabilidad económica futura de esta administración”.
