El Ayuntamiento de Novelda hará frente, vía tarifas, al cumplimiento de la sentencia firme que le obliga a pagar a Aqualia, concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio, 911.000 euros en concepto de intereses financieros derivados del canon de cinco millones de euros que Aqualia abonó al consistorio noveldense en 2009 cuando se prorrogó, cuatro años antes del vencimiento y ante las dificultades económicas del momento, el contrato del servicio que ya venía prestando desde 1998.
Con los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE), Guanyar y Compromís, el contra del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Vox, el pleno ha aprobado el acuerdo para la ejecución del pago de una sentencia a la que el Ayuntamiento hará frente vía tarifas, para lo que ha sido necesario modificar la ordenanza, que sufrirán un incremento del 10% (unos 3€ de media en los recibos bimestrales).
El concejal de Hacienda, Contratación y Ciclo Hídrico, Iván Ñíguez, que ha calificado el acuerdo como “el menos malo para el interés general”, subrayaba que, aunque tener que hacer frente a una sentencia condenatoria “nunca es plato de gusto para nadie”, el hecho de abonar solo los intereses y no el principal que reclamaba inicialmente la concesionaria (6 millones de euros) “nos permite estar razonablemente tranquilos, ya que solucionamos un problema muy grave que hubiera puesto en jaque el esfuerzo realizado durante varias legislaturas para revertir la situación económica del Ayuntamiento”.
Asimismo el responsable de Hacienda y Constración destacaba que, con la ejecución de esta sentencia, a partir de 2028, fecha en que concluye la prórroga de la concesión del servicio de agua potable, “el equipo que esté al frente del gobierno municipal tendrá toda la legitimidad y las manos libres para decidir sobre la remunicipalización del servicio u optar por una nueva licitación”.
Ejecución de la sentencia
Con el pago de estos 911.000€ el Ayuntamiento de Novelda finiquita una complicada situación que comenzó a ver la luz el pasado mes de junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estimó parcialmente el recurso de apelación presentado en 2018 por el Ayuntamiento de Novelda contra una sentencia previa del Contencioso Administrativo de Alicante que daba la razón a la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable, Aqualia, en su reclamanción para que el consistorio devolviera, repercutiendo el importe en las tarifas a los usuarios, el canon de 5 millones de euros que la mercantil abonó al consistorio cuando se adjudicó la prórroga del contrato del servicio, así como los gastos financieros e intereses de la operación, que situaba el montante en casi seis millones de euros.
En su sentencia del pasado 8 de junio el TSJ consideró, como defendía el Ayuntamiento en su recurso, que el canon anticipado por la empresa fue una de las mejoras que la concesionaria ofreció para adjudicarse la prórroga del contrato y que, por tanto, “no tiene ningún sentido imponer un canon y obligar a la administración a devolverlo”.
Sin embargo el Tribunal estimó que el Ayuntamiento de Novelda sí debía abonar a Aqualia los gastos financieros derivados del anticipo que, según el acuerdo alcanzado, se cifran en 911.000€ que son los que ahora el consistorio abonará aplicando un incremento aproximado en las tarifas a los usuarios de un 10%, del que un cinco por ciento se derivan al pago obligado por resolución judicial y el otro 5% corresponde a la actualización de precios.
Una prórroga conflictiva
La UTE Aqualia-Fomento de Contrucciones y Contratas se adjudicó por primera vez el servicio de abastecimiento de agua potable de Novelda en 1998, por un periodo de quince años y un canon de 4,5 milllones de euros. Sin embargo en 2009, cuatro años antes del vencimiento, el gobierno del momento (PSOE, Compromís y EU-Verds), ante la necesidad de aliviar la maltrecha economía municipal y hacer frente al pago de deuda a proveedores, negoció y aprobó una prórroga de otros quince años (hasta 2028) sobre esta concesión a cambio de cuatro millones y medio de euros, aunque el Ayuntamiento recibió casi 500.000€ menos de esta cantidad al descontar Aqualia los intereses correspondientes al periodo entre 2009 y diciembre de 2013, fecha en la que expiraba el contrato de la primera concesión y debería entrar en vigor la nueva prórroga.
Durante el periodo comprendido entre 2009 y 2011 la concesionaria repercutió en los recibos a los ciudadanos los gastos financieros por este préstamo, lo que supuso un incremento del 22% en los mismos con un montante total de 521.000€, que una sentencia judicial la obligó a devolver, tras la reclamación presentada por el gobierno de aquel momento, al considerar que la empresa pretendía cobrar unos gastos que ya habían sido descontados antes de la entrega del canon pactado.
En 2015, ante la negativa de la corporación municipal a repercutir en las tarifas del servicio de agua potable, incrementando su precio, la devolución del canon de la prórroga que había entrado en vigor en enero de 2014 y sus intereses financieros, la adjudicataria presenta un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que le dio la razón en sus pretensiones y cuya sentencia fue recurrida por el consitorio noveldense ante el TSJ que la revocó en junio de 2020, si bien condenó al Ayuntamiento a pargar los gastos financieros generados.