El Ayuntamiento de Novelda destinará al pago de la sentencia del Centro del Centro de Salud Agua Deportivo (CSAD) la totalidad del préstamo de cinco millones de euros que el gobierno municipal aprobó licitar para financiar el plan plurianual de inversiones previstas hasta 2027, inversiones cuya ejecución, por el momento, queda en suspenso, si bien el gobierno municipal asegura que trabajará para poder llevarlas a cabo.
La sentencia que condena al Ayuntamiento de Novelda a hacer frente a la deuda contraída por la mercantil CSAD con Abanca, por importe de 4.811.942 euros más intereses, correspondiente al préstamo que la entidad financiera concedió a la empresa que en 2005, bajo gobierno del Partido Popular, se adjudicó la construcción y explotación del Centro de Salud Agua Deportivo, ha llevado al equipo de gobierno a aprobar en pleno la modificación de la finalidad del préstamo de cinco millones de euros que inicialmente estaba previsto dedicar a financiar inversiones como la adecuación de la Plaça del País Valencià, el nuevo parque de Damasquinos, la mejora de La Glorieta o la intervención en el tramo urbano del río Vinalopó, además de la aportación municipal a la reforma del Mercado de Abastos (1.750.000€) que finalmente se financiará con los ingresos obtenidos tras la renegociación de los acuerdos que el Ayuntamiento mantiene con diferentes empresas, entre ellas la que gestiona el depósito controlado de residuos industriales e inertes.
El alcalde, Fran Martínez, lamentaba en pleno que una “herencia nefasta”, derivada de la “mala gestión del gobierno del Partido Popular en 2005, haya dado al traste con toda la estrategia inversora prevista para los próximos años y endeudado al Ayuntamiento con otros cinco millones de euros”.
La propuesta del gobierno municipal de destinar el importe del préstamo a hacer frente a la sentencia judicial, defendida por la concejala de Hacienda, Ana Sabater, que argumenta que se trata de “un ejercicio de responsabilidad ante el cambio de escenario”, no ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición. En este caso tanto Compromís, como Vox y el Partido Popular, manifestaron sentirse “engañados” por el equipo de gobierno que, afirman, aprobó en pleno la concertación de este préstamo para financiar inversiones cuando ya era conocedor de la sentencia desfavorable emitida por el Tribunal Supremo, que no admitió el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En este caso la inadmisión del recurso por parte del Supremo hace firme la sentencia del TSJ de 2022 que daba la razón a Abanca en su reclamación al estimar que el informe jurídico económico, realizado en 2017 por una consultora externa a petición del gobierno UPyD-PP y en el que se sustentó todo el procedimiento para la recuperación municipal del inmueble del CSAD, no se ajusta a derecho al basarse en una norma jurídica derogada.