Compromís per Novelda ha decidido desmarcarse de los acuerdos alcanzados en Junta de Portavoces sobre el número de preguntas y mociones a presentar por cada grupo político en los plenos ordinarios. La decisión la ha adoptado después de que el alcalde haya vuelto a “incumplir” dicho acuerdo al no permitir debatir ni votar la moción que presentó la formación en el pasado pleno con el objetivo de subvencionar el IBI a las familias con riesgo de exclusión social o de pobreza. A partir de ahora la formación valencianista anuncia que se regirá por lo que marca el Reglamento Orgánico Municipal y que queda desligada de dicho acuerdo al considerar que “es papel mojado ya que el alcalde se lo salta cuando no le interesa”.
La moción presentada por Compromís, que no se pudo debatir ni votar al rechazar el equipo de gobierno la urgencia de la misma argumentando que era una propuesta que necesitaba de informes técnicos de Secretaría e Intervención, tenía como objetivo repercutir en el contribuyente parte de los ingresos extras (más de 744.000 euros) obtenidos por el Ayuntamiento producto de la revisión catastral realizada recientemente en nuestra localidad y que ha concluido con la revalorización de inmuebles del casco urbano que, por lo tanto, han visto incrementado su IBI. En este caso Compromís proponía la creación de ayudas con una cuantía máxima individual de 150 euros por el abono del IBI a los inmuebles que tengan atribuido por el Catastro el uso residencial y con ingresos brutos anuales por unidad familiar inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y concretaba en 200.000 euros la cantidad necesaria para dotar el programa de ayudas.
La urgencia de la moción, a pesar de haber sido presentada, según el acuerdo adoptado por los grupos municipales, en tiempo y forma en Junta de Portavoces, fue rechazada por el equipo de gobierno porque, según las indicaciones del departamento de Intervención, su contenido sería contrario a derecho al tratarse un supuesto beneficio fiscal revestido de la aparciencia de una subvención que, al no estar contemplada en ninguna norma de rango legal, vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria.
Sin embargo para Compromís, como señalaba su portavoz adjunto Carles Sala, si era sabido desde el momento que se presentó el documento que necesitaba de informes técnicos “deberían haberse solicitado cuando correspondía o habernos sugerido los cambios necesarios” para poder proceder a su aprobación.