Compromís per Novelda ha calificado de “pleno del sofoco y la vergüenza” la última sesión en la que el equipo de gobierno del Partido Socialista aprobaba una subida del 98% en la tasa de recogida de residuos sólidos, el 26 por ciento la de agua y alcantarillado y daba el visto bueno a la entrada en vigor de los nuevos precios de los vados. Además la portavoz de la formación valencianista, Sílvia Anna, acusaba al alcalde Fran Martínez, de ser el “único responsable” de unos aumentos que, en su opinión, podrían haberse realizado de forma gradual durante los dos últimos años y que, sin embargo, el Partido Socialista evitó plantear por “motivos electoralistas”.
Más allá de considerar “alarmantes” las subidas de las tasas en sí mimas Silvia Anna, portavoz de Compromís, ha criticado especialmente las formas en que el gobierno municipal ha planteado estos incrementos, que han llegado, afirmaba, después de que el Partido Socialista negara durante los dos últimos años, previos a la elecciones municipales de mayo de 2023, que “estas subidas se iban a producir, utilizando incluso falsedades cuando afirmaba que el aumento del gasto del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria se podría asumir con el excedente de otras partidas, como por ejemplo el ahorro que generaría en la gestión por parte de Generalitat del Conservatorio de Danza”.
Para la concejala de Compromís esta forma de proponer las subidas de tasas responde a una “decisión política” de la que el único responsable es el alcalde, Fran Martínez, que, asegura, “se esconde detrás de sus concejales, a los que ha dejado quemarse en la defensa y justificación de unas acciones de las que solo él es responsable”.
Silvia Anna reprocha al equipo de gobierno del Partido Socialista que haya planteado mal unas subidas de tasas que, afirma, “toda la oposición sabía que se iban a producir” y recrimina al gobierno municipal que no las haya implementado de forma progresiva y gradual durante los dos últimos años. Además, en el caso de la tasa de recogida de residuos, Compromís critica que el incremento sea lineal, para todos por igual, en vez de estudiar las especificidades de cada uno de los sectores afectados (viviendas, comercios o industrias), al tiempo que considera “insuficiente y de mínimos” la bonificación que se contempla para las familias vulnerables con menos recursos.