Profesionales, monitores, técnicos y usuarios del Centro Ocupacional de la Asociación Capaz, atendiendo a la convocatoria realizada por la Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante (UPAPSA), se han concentrado a las puertas de sus instalaciones para visibilizar la difícil situación que están viviendo los centros por la gestión de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que, según denuncian, está incumpliendo las condiciones de los conciertos y poniendo en peligro la capacidad de atención de los centros.
Capaz, la Asociación de Personas con Diversidad Funcional de Novelda, se ha sumado al parón reivindicativo que los centros de atención a la discapacidad de la provincia de Alicante han realizado en la mañana de hoy con el objetivo de denunciar la complicada situación financiera que están viviendo durante los últimos meses por el retraso e incumplimiento de los pagos del concierto con la Generalitat, una “situación que estrangula económicamente a los centros y pone en peligro su capacidad de gestión”.
Desde la dirección de la asociación se denuncia que el incumplimiento de las condiciones del concierto, una situación que no es puntual, “compromete la provisión de servicios esenciales, incluyendo terapias, actividades recreativas y la atención psicológica especializada”.
Raúl Martínez, integrador social de Capaz, ha asegurado que estos impagos, que se arrastran desde el inicio del año, obstaculizan la planificación a largo plazo y “pone en peligro la sostenibilidad de los programas, lo que afecta a la calidad de vida de las personas usuarias y genera incertidumbre entre el personal especializado en su atención”.
Martínez, que ha reclamado a Generalitat el cumplimiento de los acuerdos para la equiparación salarial entre los centros públicos y concertados, ha subrayado que “esta situación, de por si muy grave, se une a la infrafinanciación que muchos centros de atención a la diversidad funcional mantienen y a las nuevas normativas que cargan considerablemente a los servicios de funciones ajenas a la atención directa y suponen una carga administrativa y económica a las asociaciones, que no se reflejan en la financiación de los conciertos”.
