Agentes del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante han localizado un laboratorio clandestino en Novelda, en el que se mezclaba fibras puras de azafrán con otras fibras estambre, estas últimas no catalogadas como producto alimentario, por lo que no está permitido su uso y comercialización.
En septiembre del año pasado, a través de una comunicación interna de la Red Europea de Fraude Alimentario, junto al coordinador de la Unidad de Seguridad Alimentaria del Centro de Salud Pública de Elda, se denunció una supuesta adulteración de azafrán que se estaría llevando a cabo en algún local clandestino de Novelda. Autoridades inglesas denunciaban que, tras realizar una inspección en una empresa británica, detectaron la venta de azafrán, de origen español, que contenía en torno a un 10% de fibras no pertenecientes a fibras propias del azafrán. Los estambres de azafrán no pueden venderse como tal al no tener la condición de producto alimentario, ni tampoco estar regulado, por lo que su uso no está permitido.
Tras esta denuncia, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, en coordinación con la Unidad de Seguridad Alimentaria, realizó una inspección en la empresa señalada en la citada denuncia para constatar los hechos. El Juzgado de Instrucción Nº1 de Novelda autorizó la entrada y registro a la empresa, dedicada al comercio de especias, donde se encontró un laboratorio clandestino en el que se realizaba la mezcla de especias.
Fueron intervenidos 23 kilos de azafrán ya adulterado en proceso de secado, aditivos utilizados para las mezclas, fórmulas y diferentes utensilios para llevar a cabo la adulteración. Paralelamente se efectuó la inspección y registro de la sede legal de la empresa, en la que se inmovilizaron lotes de producto ya adulterados. La operación se ha saldado con un total de 87 kilos de azafrán intervenido, con un valor que podría oscilar entre los 696.000 y los 870.000 euros, y con la imputación de dos personas, vecinas de Novelda, por un delito contra la salud pública. A uno de los detenidos también se le ha imputado un delito relativo al mercado y los consumidores.